Las comunidades recibirán 739 millones adicionales para dependencia entre julio y septiembre de 2026

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha publicado la séptima entrega del Panel del SAAD, creado en abril de 2025 para analizar cada trimestre la evolución del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El informe corresponde al tercer trimestre de 2026, de junio a septiembre, y es el primero desde la entrada en vigor de la nueva financiación aprobada por el Gobierno.

El real decreto-ley de financiación elevó en 6.200 millones de euros los recursos para la dependencia entre 2026 y 2027. La medida aumenta las cuantías del nivel mínimo de protección que el Estado transfiere a las comunidades autónomas por cada persona con un grado de dependencia reconocido: más del doble en los grados II y III, con subidas del 100% y el 128%, respectivamente, y un 18% en el grado I. Los grados II y III reúnen casi dos de cada tres personas atendidas.

Los nuevos importes comenzaron a transferirse el 1 de julio. Las comunidades autónomas ya han recibido los créditos correspondientes a julio y agosto; el de septiembre se abonará en octubre, a mes vencido. Según Derechos Sociales, el aumento de financiación coincide con mejoras en los indicadores de gestión y atención, mientras el sistema registra un máximo histórico de personas con prestación efectiva y mínimos históricos en las listas de espera.

Financiación y transferencias

La aportación estatal mensual por el nivel mínimo pasó de 257,5 millones de euros en junio a 516,2 millones en septiembre. Entre enero y junio, las transferencias mensuales oscilaron entre 236,9 y 257,5 millones. Tras la aprobación del real decreto-ley, alcanzaron los 484,2 millones en julio, 506 millones en agosto y 516,2 millones en septiembre.

Los 990,2 millones correspondientes a julio y agosto ya se han transferido a las comunidades autónomas. Los 516,2 millones de septiembre se abonarán en octubre. Derechos Sociales estima que, por el nivel mínimo, las comunidades habrán recibido 739 millones de euros adicionales en los tres meses comprendidos entre julio y septiembre, como resultado de la entrada en vigor del real decreto-ley. La estimación se calcula multiplicando las personas con prestación efectiva de cada grado por la diferencia entre las cuantías nuevas y las anteriores; para julio se ponderan 25 de los 30 días, porque las nuevas cuantías se aplicaron durante 25 días.

De los 262 millones de euros de incremento mensual del nivel mínimo, el 64% corresponde al grado III, que representa el 26% de las personas atendidas. Al grado II le corresponde el 32% del aumento y el 37% de las personas; al grado I, el 3% del aumento y el 37% de las personas. Así, casi 97 de cada 100 euros adicionales se destinan a personas con mayores necesidades de apoyo. Aunque aumentan las cuantías de todos los grados, el refuerzo se concentra en los grados con mayor necesidad de cuidados: la cuantía del grado II se duplica y la del grado I sube un 18%.

Aportación media y nivel acordado

La aportación económica media por persona atendida se calcula dividiendo el importe mensual del nivel mínimo entre el número de personas con prestación efectiva y haciendo la media entre grados. En septiembre de 2026, el Estado aportó unos 295 euros mensuales por persona atendida, frente a unos 151 euros en junio: un aumento del 95,7%, pese al incremento de personas con prestación efectiva.

A la financiación del nivel mínimo se suma el nivel acordado, formado por créditos adicionales que el Estado transfiere a las comunidades autónomas mediante convenios. Su reparto no depende únicamente del número de beneficiarios: está condicionado por criterios y variables de distribución y por el cumplimiento de objetivos de gestión, como reducir las listas de espera y mejorar la calidad de los servicios y las condiciones laborales del sector.

Derechos Sociales transferirá este año 904 millones de euros a las comunidades autónomas por el nivel acordado, una cifra récord que podría llegar a 970 millones al contabilizar los recursos que reciben Euskadi y Navarra mediante el cálculo del cupo vasco y la aportación navarra, respectivamente. Este nivel de financiación se eliminó en 2012 y se recuperó en 2021. El aumento del nivel acordado, junto con la ampliación del nivel mínimo, supondrá que en 2027 el Estado abonará en torno a 7.240 millones de euros a las comunidades autónomas.

Listas de espera y atención

La lista de espera se redujo un 5,7% durante el último trimestre y un 22,7% en términos interanuales: hay 39.672 personas menos que en septiembre de 2025. Con 134.734 personas, el número de quienes esperan una prestación es el más bajo desde que hay registros.

Desde 2021, la lista de espera ha disminuido más de un 56,7%, lo que equivale a 176.711 personas menos en cinco años. El informe señala que la reducción se produce en un contexto de envejecimiento acelerado y aumento de la demanda. En ese escenario, el sistema ha absorbido el crecimiento de las solicitudes y ha mejorado sus resultados.

En relación con la población potencialmente dependiente, Murcia presenta la lista de espera más alta, seguida de Cataluña y Extremadura. Castilla y León registra la más baja, por delante de Aragón y Galicia. En el último trimestre, Cataluña redujo su lista en 4.973 personas, Asturias en 2.472 y Andalucía en 1.125. En cambio, aumentó en 263 personas en el País Vasco, en 181 en Castilla-La Mancha y en 172 en Cantabria.

Personas beneficiarias

La lista de espera incluye tanto a quienes aguardan una valoración de grado como a quienes ya tienen reconocido un grado y llevan más de seis meses esperando una prestación o servicio, el plazo que establecía la ley para completar el proceso. Tras la aprobación de la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, el plazo máximo se fija en tres meses.

En el tercer trimestre, el número de personas con prestación efectiva creció un 2,4%, con 41.573 nuevos beneficiarios, y alcanzó el récord de 1.748.901 personas. En un año aumentó un 11%, con 173.219 personas más respecto a junio de 2025. El crecimiento superó al de las solicitudes, que fue del 6,6%; el total de solicitudes ascendió a 2.421.624.

Desde comienzos de 2021, las personas con prestación efectiva han aumentado un 61,3%: se incorporaron 664.692 y el total llegó a 1.748.901. El informe destaca que el avance de la atención superó el crecimiento de las solicitudes durante el periodo analizado.

Plazos de tramitación

El tiempo medio desde la solicitud hasta la resolución de la prestación bajó 21 días en el último trimestre, el mayor descenso trimestral desde que comenzó el Panel del SAAD. En lo que va de 2026 hasta septiembre, la reducción alcanza los 48 días: 21 en el último trimestre y 27 en las dos primeras entregas del año. El tiempo medio se sitúa en 293 días.

Es el tercer trimestre consecutivo de descenso, aunque la tramitación sigue siendo la fase más larga del proceso. Derechos Sociales señala que reducir este plazo continúa siendo uno de los retos del sistema y prevé que la reciente reforma de las leyes de discapacidad y dependencia permita agilizar y simplificar los procedimientos administrativos.

Ceuta registra el menor tiempo medio de gestión, con 75 días, seguida de Aragón, con 109, y Castilla y León, con 120. Los plazos más largos corresponden a Murcia, con 529 días; Asturias, con 413, y Andalucía, con 402.

Casi todas las comunidades autónomas redujeron su tiempo medio de tramitación en el último trimestre. Aumentó en Extremadura, 13 días, y Navarra, 12; se mantuvo sin cambios en Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana. Salvo en esta última, el tiempo medio de esas comunidades sigue por debajo de la media estatal. Canarias registró el mayor descenso, con 100 días, seguida de Andalucía, con 33, y Murcia, con 22.

Reforma y objetivos del sistema

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad fue aprobada definitivamente por el Congreso de los Diputados el 16 de septiembre. Según Derechos Sociales, la norma ampliará la cartera de servicios y prestaciones, reducirá la burocracia y agilizará los procesos. También establece que la Administración General del Estado asuma el 50% de la inversión del sistema de dependencia.

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy ha pedido a las comunidades autónomas reducir a la mitad las listas de espera en 2027 y eliminarlas por completo en 2028. También las ha instado a destinar más recursos a contratar trabajadoras y mejorar la calidad del empleo en el sector de la dependencia.

Empleo y condiciones laborales

Según la Encuesta de Población Activa, el empleo en cuidados aumentó un 8,9% en dos años: pasó de 386.900 puestos equivalentes a jornada completa en diciembre de 2023 a 421.200 en diciembre de 2025. Los servicios sociales sin alojamiento impulsaron el crecimiento, con 36.300 puestos más —un 23,6%— hasta alcanzar 190.300. El empleo en establecimientos residenciales se mantuvo estable. En diciembre de 2025, 45 de cada 100 puestos de cuidados estaban en servicios sin alojamiento, frente a 40 en diciembre de 2023.

La estimación de profesionales es propia del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y utiliza datos de las categorías CNAE 87 y 88 de la EPA, correspondientes a la asistencia en establecimientos residenciales y a los servicios sociales sin alojamiento. Incluye profesionales de cuidados de larga duración de atención directa de primer y segundo nivel.

El ministerio vincula el crecimiento del empleo tanto con la reducción de las listas de espera como con la mejora de los servicios, ya que cada persona que empieza a recibir cuidados y apoyos requiere profesionales. Derechos Sociales estima que en 2030 se necesitarán 260.000 trabajadoras más para garantizar los cuidados de larga duración ante el reto demográfico de la próxima década. El aumento de los recursos —con un crédito inicial del nivel mínimo para 2026 un 85,8% superior y una estimación de alrededor de 6.270 millones de euros para 2027—, añade, exige que siga creciendo el número de profesionales para sostener el sistema.

El sector de los cuidados está altamente feminizado. Según la EPA, las mujeres representan el 87,9% de las profesionales que prestan cuidados y apoyos en residencias y el 91% de quienes trabajan en atención domiciliaria. Entre las personas cuidadoras no profesionales vinculadas a una prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el perfil más frecuente es el de una mujer de entre 50 y 66 años. En conjunto, el 71,9% de las personas cuidadoras no profesionales son mujeres y el 28,1%, hombres.

Salarios y calidad del empleo

Los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística sitúan el salario medio anual de las profesionales de residencias en 19.585,74 euros, el 66% del salario medio del conjunto de la economía. En atención domiciliaria, el promedio es de 18.834,42 euros, el 64%. Por cada 10 euros de salario medio en la economía, estas profesionales perciben unos 6,5 euros, una diferencia que el informe relaciona con la infravaloración de los cuidados.

El Ministerio de Derechos Sociales ha instado a las comunidades autónomas a mejorar las condiciones laborales ante la prevalencia de salarios bajos y precariedad en el sector. Sindicatos, patronales y administraciones coinciden, según el ministerio, en la necesidad urgente de aumentar significativamente los salarios. El incremento presupuestario aprobado, señala, debe hacer posible un acuerdo ambicioso entre los agentes sociales para actualizar el convenio colectivo, que afecta a decenas de miles de profesionales.

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha afirmado: “Mejorar las condiciones laborales no es una aspiración deseable, es una condición necesaria e irrenunciable para mejorar el sistema. No hay mejora posible del sistema sin mejorar las condiciones de las profesionales que cuidan”.

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