El Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, un avance significativo en derechos sociales. Esta reforma amplía derechos, refuerza apoyos y asegura la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), estableciendo que el Estado asuma el 50% de su coste. Se introducen cambios importantes como la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, consolidación de la asistencia personal como servicio ordinario y mejoras en el reconocimiento de grados de discapacidad. Además, se promueve la accesibilidad universal como un derecho exigible y se reconoce la atención temprana para niños con trastornos del desarrollo. La participación activa de organizaciones sociales ha sido clave en este proceso legislativo, que busca un sistema más justo e inclusivo.
