El Ministerio de Derechos Sociales estima que la nueva financiación de la dependencia aportará 739 millones de euros adicionales a las comunidades autónomas entre julio y septiembre de 2026. Los fondos de julio y agosto ya se han transferido; los correspondientes a septiembre, 516,2 millones de euros, se recibirán en octubre. El Panel del SAAD también registra una reducción interanual del 22,7% en la lista de espera y un máximo de 1.748.901 personas con prestación efectiva.
El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma integral de las leyes de dependencia y discapacidad, que introduce nuevos derechos, mayor financiación y un sistema de cuidados más accesible. Esta reforma busca reducir la burocracia y mejorar los servicios y prestaciones para personas en situación de dependencia y discapacidad. Se establece que la Administración General del Estado asumirá el 50% de la inversión en el sistema, garantizando así su sostenibilidad. Además, se amplían los servicios disponibles, se eliminan incompatibilidades entre prestaciones y se reconoce la teleasistencia como derecho subjetivo. La ley también promueve la accesibilidad universal y establece medidas para asegurar la atención temprana a niños con trastornos del desarrollo.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado una resolución impulsada por México, España e Islandia que busca eliminar la discriminación contra mujeres y niñas en los sistemas de cuidados y apoyo. Esta resolución reconoce el trabajo de cuidados como un factor clave en las desigualdades de género y llama a los Estados a reformar leyes discriminatorias, mejorar el acceso a la salud y derechos reproductivos, y fortalecer la justicia. También se enfatiza la importancia de invertir en sistemas de cuidados sensibles al género y garantizar condiciones laborales justas para quienes realizan estas labores, incluyendo trabajadores migrantes. La resolución aborda diversas formas de discriminación que enfrentan mujeres y niñas, destacando su relevancia en la lucha por los derechos humanos y la igualdad de género.
El Ministerio de Derechos Sociales ha informado que la lista de espera para recibir prestaciones de dependencia ha disminuido un 21% en el último año, alcanzando un total de 142.887 personas. Este descenso se produce en un contexto de aumento en las solicitudes y refleja una mejora general en todos los indicadores del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Además, el número de personas con prestación efectiva ha llegado a un récord histórico de 1.707.328, lo que representa un incremento del 11% respecto al año anterior. La reducción del tiempo medio de tramitación también es notable, disminuyendo a 314 días, lo que indica una mayor eficiencia en el sistema. Estas mejoras se producen antes de la implementación de una histórica inversión estatal de 6.200 millones de euros para fortalecer el sistema en los próximos años.
Iberoamérica ha aprobado la Carta de Cuidados y Apoyos durante la IV Conferencia de Ministros de Asuntos Sociales y Desarrollo Inclusivo en Avilés. Este documento establece un marco común para situar los cuidados en el centro de las políticas públicas, reconociendo el cuidado como un derecho y un bien público esencial. La carta promueve principios de derechos humanos, igualdad de género e inclusión, y busca fortalecer los sistemas de cuidados en la región mediante la colaboración entre países. Se destaca la importancia de dignificar el trabajo de cuidados y redistribuir responsabilidades entre administraciones, familias y la sociedad civil.
El Imserso ha iniciado un estudio nacional para analizar los cuidados de larga duración dirigidos a personas mayores con demencia y sus familias. La investigación, en colaboración con el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras Demencias (CREA), busca evaluar la calidad de los servicios actuales y formular propuestas de mejora. Se solicita la participación de profesionales del ámbito social, sanitario y comunitario, así como de familias afectadas por esta enfermedad. Con el aumento del envejecimiento poblacional en España, que afecta ya al 8% de las personas mayores de 65 años, este estudio es crucial para mejorar los cuidados y políticas públicas relacionadas con la demencia.
El Informe Anual de Resultados 2025 del Servicio Estatal de Atención a Personas Mayores (SEAM) revela preocupantes hallazgos sobre la discriminación por edad en diversos ámbitos. Presentado en el Ministerio de Igualdad, el informe destaca que durante 2025 se atendieron 658 consultas, siendo los temas más comunes la información sobre prestaciones y servicios, el abuso y maltrato, y los cuidados. Se documentan vulneraciones de derechos en salud, empleo y consumo, incluyendo internamientos injustificados y jubilaciones forzosas encubiertas. El SEAM propone recomendaciones para mejorar la protección de los derechos de las personas mayores, abogando por una Ley Integral que garantice su bienestar y dignidad.
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La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha presentado a las formaciones políticas un documento con 14 propuestas para los programas electorales de las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre ellas plantea reforzar las pensiones, la atención sanitaria y los cuidados, impulsar una Estrategia Nacional para la Nueva Longevidad y garantizar la accesibilidad y los derechos de las personas mayores. La PMP señala que las personas de 65 años o más representan el 21,1 % de la población residente en España.
HelpAge International España celebra la aprobación de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que incorpora medidas solicitadas por personas mayores y organizaciones sociales. La reforma busca un modelo de cuidados centrado en los derechos humanos, destacando la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, el reconocimiento de la teleasistencia como derecho, y la reducción de plazos para el reconocimiento de dependencia. HelpAge enfatiza la necesidad de una implementación efectiva y adecuada financiación para corregir desigualdades en el acceso a servicios, así como una perspectiva que aborde las necesidades específicas de las personas mayores, especialmente en situaciones vulnerables. Esta reforma representa una oportunidad para transformar el modelo de cuidados en España.
HelpAge International España celebra la reciente reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que promueve un sistema de cuidados más flexible y respetuoso con los derechos individuales. Esta reforma permite la compatibilidad entre prestaciones y servicios, fortalece la asistencia personal y amplía los apoyos en el entorno comunitario. Además, reconoce la teleasistencia como un derecho y mejora el concepto de persona cuidadora no profesional, abarcando también a quienes no están en el ámbito familiar. La presidenta de HelpAge destaca que este cambio no solo modifica un texto legal, sino que transforma la comprensión del envejecimiento y los cuidados, enfatizando la necesidad de implementar estos cambios con financiación adecuada y servicios accesibles. La organización ve esta reforma como una oportunidad para construir un sistema de cuidados que garantice autonomía e inclusión social para las personas mayores.
El sistema de dependencia en España presenta un marcado rostro femenino, con aproximadamente el 62% de las personas beneficiarias siendo mujeres. Este fenómeno se intensifica en la población mayor, donde las mujeres representan el 71% de los dependientes mayores de 80 años. La longevidad femenina, aunque superior, está acompañada de una mayor morbilidad y una percepción de salud más negativa en comparación con los hombres. Las mujeres enfrentan una mayor carga de enfermedades incapacitantes y problemas crónicos, lo que resulta en una menor esperanza de vida saludable. Esta situación resalta la necesidad de adaptar los sistemas de cuidados para abordar las realidades demográficas y sanitarias específicas que enfrentan las mujeres mayores.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado a los grupos parlamentarios del Congreso que aprueben con amplio consenso la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. Este llamado se produce en el contexto de una ponencia en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo, donde la PMP aboga por un sistema más justo e inclusivo que garantice derechos fundamentales y mejore la atención a personas mayores y con discapacidad. La organización destaca la necesidad de reducir tiempos de espera, simplificar procedimientos administrativos y asegurar una financiación adecuada para corregir desigualdades territoriales. Además, propone modernizar el Servicio de Ayuda a Domicilio y fomentar un modelo residencial centrado en la persona. La PMP enfatiza que esta reforma debe contar con el respaldo mayoritario del Congreso para impactar positivamente en la vida cotidiana de estas personas.
La revista Journal of Nursing Management ha publicado un estudio pionero en España sobre la intención de abandono de la profesión enfermera, liderado por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III. La investigación, que incluye más de 20.000 encuestas a profesionales de enfermería, revela que el 39,6% de los encuestados planea dejar la profesión en la próxima década. Factores como la percepción negativa sobre la seguridad del paciente y la calidad del cuidado son determinantes en esta decisión. Además, se identifican disparidades territoriales significativas y se destaca la falta de estabilidad laboral como una de las principales razones para abandonar la profesión. Este estudio es fundamental para orientar futuras políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y mejorar las condiciones laborales en el sector.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha llevado al Parlamento Europeo la necesidad urgente de establecer un marco común de cuidados en la Europa de la Salud. La secretaria general, Josune Méndez, destacó que un derecho sanitario europeo sin coordinación sociosanitaria es incompleto y abogó por integrar los cuidados de larga duración como un pilar fundamental. En el contexto del envejecimiento demográfico y las desigualdades entre Estados miembros, AESTE presentó su estudio sobre el futuro de los cuidados, enfatizando la importancia de una política estratégica que priorice estos temas al mismo nivel que la sanidad. Además, se subrayó la necesidad de colaboración entre el sector público y privado para abordar este desafío.
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