El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y este año se pone especial énfasis en visibilizar la violencia de género hacia las mujeres mayores. A menudo, este grupo es olvidado en las discusiones sobre violencia de género, a pesar de ser vulnerable a diversas formas de abuso. Es crucial abordar esta problemática para garantizar una vida digna y segura para todas las mujeres, independientemente de su edad. La concienciación y la educación son fundamentales para erradicar estas situaciones y promover el respeto y la igualdad.
El Gobierno de España ha aprobado un decreto ley que destina 500 millones de euros para financiar la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y fortalecer el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. Esta normativa introduce el Grado III+, un nuevo nivel de dependencia extrema, asegurando atención personalizada las 24 horas para pacientes en fase avanzada. Cada paciente podrá recibir hasta 10.000 euros anuales, financiados al 50% por el Estado. Con esta medida, la inversión total en dependencia alcanza un récord de 3.729 millones de euros, mejorando así los servicios y apoyos necesarios para quienes padecen enfermedades complejas e irreversibles.
El 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, una conmemoración establecida por Alzheimer’s Disease International (ADI) en 1994 durante su conferencia anual en Edimburgo. Este día tiene como objetivo aumentar la concienciación sobre la enfermedad de Alzheimer y sus efectos en los pacientes y sus familias. La fecha simboliza un llamado a la acción para mejorar la atención y el apoyo a quienes padecen esta enfermedad neurodegenerativa.
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, ha participado en los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, donde se ha discutido la situación de los sistemas de cuidados y protección a la dependencia en Europa. Durante el evento, se abordó la inminente reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, aprobada por el Consejo de Ministros. Esta reforma busca transformar el sistema de dependencia para adaptarlo a los desafíos actuales, ofreciendo más prestaciones y servicios. Martínez destacó la importancia de fortalecer los servicios sociales como un pilar del Estado del bienestar y anunció una inversión récord para financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de más de 375 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar programas de interés social. Esta asignación, que asciende a 375.746.226,25 euros, proviene del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y representa un incremento de más de 40 millones respecto al año anterior. La distribución se basará en criterios como la población dependiente y el riesgo de pobreza. Las entidades del Tercer Sector que cumplan con los requisitos podrán acceder a estas subvenciones gestionadas por los gobiernos autonómicos.
El Ministerio de Derechos Sociales ha informado que el 56% de las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se ofrecen en hogares y entornos cercanos, destacando un crecimiento del 54% en total desde 2020. La teleasistencia y la ayuda a domicilio han aumentado significativamente, con incrementos del 119% y 42,5%, respectivamente. Además, se ha reducido la lista de espera en un 2,4%, mientras que el número de personas atendidas ha crecido un 7,5%. La secretaria de Estado, Rosa Martínez, subraya la importancia de avanzar hacia un modelo más personalizado y flexible que responda a las necesidades individuales.
El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja será el escenario de una mesa de debate sobre "La estrategia de los cuidados en el momento actual", organizada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). El evento, programado para el 21 de mayo, contará con la participación de autoridades sanitarias y profesionales del sector. Se abordarán temas clave relacionados con la mejora de la calidad asistencial para personas mayores, así como modelos innovadores en atención. Este encuentro busca fomentar un diálogo constructivo entre expertos en el ámbito social y sanitario, promoviendo un enfoque centrado en el paciente y adaptado a los desafíos del envejecimiento.
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Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, ha destacado en La Roda la necesidad de transformar el sistema de cuidados en un modelo basado en derechos y centrado en las personas. En su visita, subrayó que "cuidar y ser cuidados no debe ser un privilegio, sino un derecho que garantice igualdad y dignidad". Bustinduy enfatizó la importancia de mejorar la cooperación entre administraciones para ofrecer una atención personalizada y digna a quienes requieren apoyo. Además, mencionó la reciente aprobación de un decreto ley destinado a fortalecer el Sistema de Dependencia y garantizar prestaciones para personas con enfermedades avanzadas. El ministro también valoró el papel crucial de asociaciones en la mejora del sistema de cuidados.
El número de personas que recibe prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) ha alcanzado un récord de más de 1,57 millones, lo que representa un aumento del 8,5% en comparación con el año anterior. Este crecimiento se produce en un contexto de creciente presión demográfica y aumento de solicitudes, que superan los 2,27 millones. Además, la lista de espera ha disminuido casi un 10%, situándose en 174.406 personas. Las mujeres mayores de 80 años constituyen el grupo mayoritario entre los solicitantes. El Ministerio de Derechos Sociales trabaja en mejorar el tiempo de tramitación y en reformar las leyes para garantizar una atención más personalizada y accesible.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado al Ministerio de Derechos Sociales la creación de un plan integral para abordar el envejecimiento poblacional y la implementación de una Ley de Derechos de las Personas Mayores. Esta petición se realizó durante una reunión en la que participaron representantes del ministerio y de la PMP, quienes destacaron la importancia de adaptar las políticas a las necesidades reales de este grupo social. La PMP también apoyó reformas en leyes relacionadas con la autonomía personal y los derechos de las personas con discapacidad, subrayando la urgencia de aprobar normativas que garanticen un trato digno y accesible para los mayores. Además, hicieron un llamado a priorizar las necesidades de las personas mayores en áreas rurales y a fomentar su participación en decisiones institucionales.
En España, más de 600.000 personas, principalmente mujeres, trabajan en el sector de los cuidados bajo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, enfrentan condiciones laborales precarias, con salarios significativamente bajos y una carga de trabajo excesiva. Un informe reciente destaca que el 85% del empleo en este sector es femenino, muchas trabajadoras sufren problemas de salud como dolor lumbar crónico y ansiedad, y los accidentes laborales son frecuentes. A pesar de su vocación, muchas abandonan el sector en busca de mejores condiciones en otras áreas, como la sanidad. Es urgente mejorar las condiciones laborales para dignificar esta labor esencial y asegurar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional.
El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, con el objetivo de ofrecer más servicios y prestaciones, reducir la burocracia y fomentar el uso de tecnología. Esta reforma garantiza la accesibilidad como derecho fundamental, permite a las personas con discapacidad trabajar mientras reciben prestaciones y amplía el catálogo de ayudas, incluyendo asistencia personal y teleasistencia universal. También se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y se agilizan los procesos administrativos. Además, se destinarán 783,2 millones de euros a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La iniciativa busca mejorar la calidad del empleo en el sector y responder a los retos demográficos del país.
El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado la transferencia de más de 783 millones de euros a los gobiernos autonómicos para financiar la Dependencia en 2025. Esta cifra representa la mayor inversión histórica en este ámbito y se destina a mejorar los servicios de atención a personas dependientes. La financiación se basa en criterios demográficos y técnicos establecidos en un Plan de Choque, y incluye diferentes fondos que valoran aspectos como la gestión y el cumplimiento de objetivos. Además, se ha alcanzado un preacuerdo para distribuir subvenciones del 0,7% de la renta destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social.
La lista de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España ha disminuido un 9,4%, lo que equivale a 18.832 personas menos desde marzo de 2024, alcanzando un total de 182.532 en espera. A pesar del aumento del 5,4% en las solicitudes, que ahora suman 2.195.095, el número de beneficiarios ha crecido a cifras récord, con 1.533.173 personas recibiendo prestaciones, un incremento del 7,6%. El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado estos datos junto con el nuevo "Panel del SAAD", una herramienta destinada a monitorizar la evolución del sistema. A pesar de los avances, se destacan retos como la reducción del tiempo medio de resolución de solicitudes, actualmente en 338 días. La mayoría de los solicitantes son mujeres mayores de 80 años.
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