Dependencia

En España, más de 600.000 personas, principalmente mujeres, trabajan en el sector de los cuidados bajo el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, enfrentan condiciones laborales precarias, con salarios significativamente bajos y una carga de trabajo excesiva. Un informe reciente destaca que el 85% del empleo en este sector es femenino, muchas trabajadoras sufren problemas de salud como dolor lumbar crónico y ansiedad, y los accidentes laborales son frecuentes. A pesar de su vocación, muchas abandonan el sector en busca de mejores condiciones en otras áreas, como la sanidad. Es urgente mejorar las condiciones laborales para dignificar esta labor esencial y asegurar la sostenibilidad del sistema ante el envejecimiento poblacional.

El Gobierno de España ha enviado al Congreso un proyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, con el objetivo de ofrecer más servicios y prestaciones, reducir la burocracia y fomentar el uso de tecnología. Esta reforma garantiza la accesibilidad como derecho fundamental, permite a las personas con discapacidad trabajar mientras reciben prestaciones y amplía el catálogo de ayudas, incluyendo asistencia personal y teleasistencia universal. También se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones y se agilizan los procesos administrativos. Además, se destinarán 783,2 millones de euros a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). La iniciativa busca mejorar la calidad del empleo en el sector y responder a los retos demográficos del país.

El Ministerio de Derechos Sociales, liderado por Pablo Bustinduy, ha anunciado la transferencia de más de 783 millones de euros a los gobiernos autonómicos para financiar la Dependencia en 2025. Esta cifra representa la mayor inversión histórica en este ámbito y se destina a mejorar los servicios de atención a personas dependientes. La financiación se basa en criterios demográficos y técnicos establecidos en un Plan de Choque, y incluye diferentes fondos que valoran aspectos como la gestión y el cumplimiento de objetivos. Además, se ha alcanzado un preacuerdo para distribuir subvenciones del 0,7% de la renta destinadas a combatir la pobreza y la exclusión social.

La lista de espera del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España ha disminuido un 9,4%, lo que equivale a 18.832 personas menos desde marzo de 2024, alcanzando un total de 182.532 en espera. A pesar del aumento del 5,4% en las solicitudes, que ahora suman 2.195.095, el número de beneficiarios ha crecido a cifras récord, con 1.533.173 personas recibiendo prestaciones, un incremento del 7,6%. El Ministerio de Derechos Sociales ha presentado estos datos junto con el nuevo "Panel del SAAD", una herramienta destinada a monitorizar la evolución del sistema. A pesar de los avances, se destacan retos como la reducción del tiempo medio de resolución de solicitudes, actualmente en 338 días. La mayoría de los solicitantes son mujeres mayores de 80 años.

El anuncio se ha hecho en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el que se ha abordado también la próxima reforma de la Ley de Dependencia y de la Ley de Discapacidad, así como la gestión de las tarjetas monedero.

Expertos de diferentes ámbitos, como la asistencia sanitaria, el urbanismo, el diseño y la tecnología coincidieron en la necesidad de aplicar iniciativas innovadoras a la atención de las personas que precisan cuidados especializados para mejorar su vida ante un escenario de envejecimiento.

El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de más de 375 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar programas de interés social. Esta asignación, que asciende a 375.746.226,25 euros, proviene del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, y representa un incremento de más de 40 millones respecto al año anterior. La distribución se basará en criterios como la población dependiente y el riesgo de pobreza. Las entidades del Tercer Sector que cumplan con los requisitos podrán acceder a estas subvenciones gestionadas por los gobiernos autonómicos.

El Ministerio de Derechos Sociales ha informado que el 56% de las prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia se ofrecen en hogares y entornos cercanos, destacando un crecimiento del 54% en total desde 2020. La teleasistencia y la ayuda a domicilio han aumentado significativamente, con incrementos del 119% y 42,5%, respectivamente. Además, se ha reducido la lista de espera en un 2,4%, mientras que el número de personas atendidas ha crecido un 7,5%. La secretaria de Estado, Rosa Martínez, subraya la importancia de avanzar hacia un modelo más personalizado y flexible que responda a las necesidades individuales.

El Colegio Oficial de Médicos de La Rioja será el escenario de una mesa de debate sobre "La estrategia de los cuidados en el momento actual", organizada por la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG). El evento, programado para el 21 de mayo, contará con la participación de autoridades sanitarias y profesionales del sector. Se abordarán temas clave relacionados con la mejora de la calidad asistencial para personas mayores, así como modelos innovadores en atención. Este encuentro busca fomentar un diálogo constructivo entre expertos en el ámbito social y sanitario, promoviendo un enfoque centrado en el paciente y adaptado a los desafíos del envejecimiento.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado la creación de una comisión interministerial para fortalecer el sistema de Dependencia en España. Según estimaciones del ministerio, se requerirán 261,400 trabajadores adicionales en los próximos cinco años para asegurar los cuidados de larga duración. Esta iniciativa busca mejorar la atención a las personas dependientes y responder a las crecientes necesidades del país.

Durante el año 2022, se registró un triste total de 45.360 personas que perdieron la vida mientras esperaban en las listas de dependencia. Para hacernos una idea de la situación, esto equivale a una persona fallecida cada 12 minutos. Además, se observó una disminución de 98 millones de euros en la contribución de las comunidades autónomas en este ámbito. Las regiones que más redujeron sus presupuestos fueron Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Región de Murcia.