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Fiscalía

07/10/2025@15:15:00
La controversia por los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía ha escalado en las últimas horas con la apertura de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Superior de Andalucía y el Defensor del Pueblo Andaluz. Este escándalo, que afecta a unas 2.000 mujeres, ha destapado graves deficiencias en la comunicación de resultados sospechosos tras las mamografías iniciales, dejando a muchas pacientes sin notificación durante meses o incluso años, lo que ha derivado en diagnósticos tardíos y, según asociaciones, en fallecimientos evitables.

La Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad ha denunciado ante la Fiscalía las declaraciones del Obispo Reig Pla, quien afirmó que la discapacidad es "herencia del pecado". Esta denuncia busca abrir diligencias por un discurso considerado inaceptable en democracia y que podría violar el artículo 510.2 del Código Penal. Además, se ha solicitado a la Conferencia Episcopal explicaciones sobre estas afirmaciones y se ha abierto un expediente informativo al respecto. El Ministerio de Derechos Sociales también ha presentado una queja al Defensor del Pueblo, enfatizando que los púlpitos deben promover el respeto a los derechos humanos y no estigmatizar a ningún grupo.

Dolores Delgado ha emitido una instrucción en la que pide a los fiscales que velen por el “efectivo reconocimiento y salvaguarda” de la dignidad de las personas mayores o con discapacidad en relación con el uso de contenciones o sujeciones físicas y/o farmacológicas a las que puedan verse sometidos.

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La Fiscalía de España se reunió con una delegación de la OSCE para fortalecer la lucha contra la trata de seres humanos. La Fiscal de Sala Coordinadora, Beatriz Sánchez, y sus colegas discutieron experiencias y estrategias para prevenir y perseguir delitos relacionados con la trata. La delegación, liderada por Kari Johnstone, representante especial de la OSCE, buscó conocer la situación en el país y destacó la importancia de la coordinación en la lucha contra la criminalidad organizada. La OSCE, que incluye 57 Estados, trabaja para promover la estabilidad y seguridad a través del diálogo político y proyectos prácticos.