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proteccion social

La PMP denuncia el desalojo de una anciana y reclama soluciones habitacionales dignas

26/09/2026@00:38:44

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha condenado el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, quien fue desalojada de su vivienda en Madrid tras 70 años de residencia. La PMP exige garantías de protección y alternativas habitacionales dignas para personas mayores en situación de vulnerabilidad. El desalojo, realizado sin ofrecerle una solución adecuada, ha sido calificado como un fracaso inaceptable por las administraciones públicas. La organización destaca que este tipo de acciones no solo afectan la vivienda, sino que también impactan gravemente la salud y bienestar emocional de los mayores. Además, rechazan que la institucionalización sea considerada como una alternativa viable ante un desahucio. La PMP demanda medidas concretas para prevenir situaciones similares y garantizar el derecho a una vivienda digna.

Insuficiente protección de derechos para personas mayores en sistemas regionales

La jornada organizada por la Fundación HelpAge International en Madrid destacó la insuficiente protección de los derechos de las personas mayores en diversos sistemas regionales, como América, África y Europa. Expertos y representantes institucionales abogaron por un enfoque centrado en los derechos humanos, subrayando la necesidad de una convención internacional específica para este grupo. Se analizaron los avances y desafíos en la implementación de normativas existentes, así como la urgencia de abordar problemas estructurales que afectan a las personas mayores, especialmente a las mujeres. Los participantes coincidieron en la importancia de ratificar instrumentos internacionales y garantizar una participación efectiva de este colectivo en los procesos que les conciernen.

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El Congreso aprueba la revalorización de pensiones y medidas sociales urgentes

El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 1/2025, que incluye una revalorización de las pensiones del 2,8% para las contributivas y del 9% para las no contributivas, beneficiando a 12 millones de personas. Además, se prorrogan descuentos en transporte público y se extienden medidas de protección social como la suspensión de desahucios y la prohibición de cortes de suministros básicos hasta finales de 2025. También se implementan ayudas para afrontar las consecuencias de desastres naturales y se apoyan a los autónomos en La Palma.