El problema de la contaminación por amianto hace décadas estuvo concentrado en las localidades donde se producía fibrocemento y otros materiales con amianto. A pesar de la prohibición de importación del amianto en el año 2001, la falta de acción del Estado para abordar la descontaminación de todos estos espacios y de la erradicación del amianto, ha hecho que proliferen miles de vertidos clandestinos de amianto por toda la geografía española. Ante esta situación, el Grupo de la Ley Integral de Amianto ha denunciado que dichos vertidos envenenan espacios naturales, rurales y urbanos, y exponen a la población a un carcinógeno letal.
Carlos Arribas, responsable del área de Residuos de Ecologistas en Acción, ha manifestado que los vertidos incontrolados de amianto por todo el país son inadmisibles. Esta situación, sumada ya a la falta de un plan organizado para el desmantelamiento de fábricas de fibrocemento, ha ocasionado el mayor vertido de amianto de toda Europa con 90.000 toneladas de Fibrocemento en Santa María de Benquerencia en Toledo. Además, se han repetido los desastres medioambientales por amianto, como el de Altza (San Sebastián – Gipuzkoa).
Los vertidos de amianto se multiplican en las periferias de zonas urbanas como el Barrio de Bellavista en Sevilla, Redondela en Pontevedra, Móstoles, Pinto y Getafe en Madrid. También en espacios naturales envenenados de amianto como la Sierra de Collserola (Barcelona) con más de 100 vertidos ilegales identificados, o el Parque Regional del curso medio del Río Guadarrama (Madrid), así como en diversas zonas rurales de municipios como Badajoz y Guadalajara, entre otros.
Para el Grupo de la Ley Integral de Amianto, del que forma parte Ecologistas en Acción, la contaminación medioambiental por amianto en España denota una falta de política del Gobierno central, que debería coordinarse, tal y como realiza en otras áreas de actuación medioambiental, con las comunidades autónomas.
Este grupo ha denunciado cómo la falta de control sobre la gestión de residuos ha originado que se acondicionen caminos con fragmentos de amianto, en municipios como Ferreras de Arriba en Zamora. Como consecuencia, se ha originado una dispersión de la contaminación letalmente peligrosa, exponiendo la salud trabajadores y ciudadanía.
Para los grupos e integrantes de este grupo, esta es una situación muy grave que parece contemplarse con pasividad desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo recalcan que en otros países, como Holanda, el Estado obliga a realizar controles de calidad para garantizar que los áridos reciclados no estén contaminados de amianto.
El neumólogo Josep Tarrés, ha afirmado: “Tenemos que actuar ya. El censo y la erradicación programada del amianto requiere una acción del Estado español para reducir el número de miles de víctimas que causará la exposición al amianto medioambiental y laboral. No tendrá justificación que, dentro de 50 años, sigan muriendo de cáncer de pulmón o mesotelioma adultos que hoy son niños, por exposiciones al amianto que pudieron haberse evitado. La contaminación por amianto es un grave problema de salud pública, que debe empezar a tener solución, es cuestión de prioridad en la agenda política y presupuestaria”.
La Dra. Carmen Fernández, de la Organización Médica Colegial, ha advertido: “Para actuar contra la pandemia del amianto, al igual que en la pandemia de la COVID19, se debe actuar sobre la causa que genera la enfermedad. En el caso del amianto, es evitar exposiciones que son evitables, por lo cual debe existir una política de erradicación de este material, como insta el Parlamento Europeo antes de 2032”.
Asimismo, Carmen Fernández ha recordado que no existe nivel de exposición segura al amianto, por lo que cualquier exposición, por mínima que sea, puede desencadenar en cáncer de pulmón o mesotelioma (cáncer de pleura), después de un largo período de latencia.
Carlos Arribas, ha completado: “Resulta inaceptable que el censo y la erradicación del amianto no se considere en el Anteproyecto de Ley de Residuos, mientras que se consideran otros residuos de construcción. Esto denota una falta de actuación política injustificada del Gobierno de España”.
El Grupo de la Ley Integral del Amianto ha denunciado asimismo que el Ministerio de Transición Ecológica no ha recogido en ninguna de sus partidas del Plan de Recuperación, proyectos de inversión para censar y erradicar el amianto de entornos naturales y urbanos, ni tampoco en sus proyectos de mejora eficiencia energética de los edificios, o en inversiones en plantas de destrucción de las fibras de amianto, mientras dedica cientos de millones a la gestión de Biorresiduos, entre otros proyecto. “Esto supone un auténtica falta de consideración de la gravedad del problema sanitario y medioambiental en la gestión de residuos que supone el amianto”, han afirmado.
Carlos Arribas: “Consideramos que es imprescindible abordar la inversión en instalaciones para la destrucción o inertización del amianto, en un contexto en el que la Unión Europea insta a utilizar las últimas tecnologías disponibles, según las resoluciones y dictámenes del Parlamento y Comisión Europea, y cuando además ya existen experiencias importantes en este tipo de tratamientos en otros países como Francia. Actuaciones que están dentro del Eje 8 del Pacto Verde Europeo para que los ciudadanos vivan en entornos sin sustancias tóxicas, como es el amianto”.