La Federación Nacional de Asociaciones ALCER pide al Gobierno que implante medidas integrales que alivien la factura de la luz de las personas con enfermedad renal en terapias domiciliarias, por su situación, necesitan realizar un mayor uso de consumo eléctrico y, como consecuencia, están experimentando un incremento de sus niveles de vulnerabilidad y de pobreza.
En concreto, -aclara ALCER- hay personas con enfermedad renal que necesitan realizar un consumo eléctrico constante para el correcto seguimiento de su tratamiento o el uso de tecnologías y recursos para la vida independiente como, por ejemplo, cicladoras de diálisis peritoneal, máquinas de hemodiálisis domiciliaria, máquinas de oxígeno, bombas de perfusión, tratamientos intravenosos, nebulizadores, climatizadores o incluso para cargar las baterías de las sillas de ruedas.
“En algunos casos se hace uso de estos dispositivos las 24 horas del día”, destaca el presidente de ALCER, Daniel Gallego, quien solicita al Gobierno que tenga en cuenta las especificidades asociadas a las personas con enfermedad renal para así garantizar la plena inclusión y participación activa de las personas con enfermedad renal en terapias domiciliarias en la sociedad.
En este sentido, Gallego advierte de que:
“Antes de la llegada de la pandemia y de la subida de la factura eléctrica, un alto porcentaje % de las personas con enfermedad renal en esta situación ya tenía dificultades para afrontar el recibo de la luz, al tratarse la inmensa mayoría de pensionistas. Una situación de partida de clara desventaja que se ha acrecentado considerablemente en los últimos meses y que pone en riesgo la salud y bienestar de estas personas, como consecuencia directa del elevado precio del consumo eléctrico”.
A pesar de que el Gobierno ha anunciado una bajada del IVA en la factura de la luz y de que las personas con discapacidad pueden ser consideradas desde este año consumidores vulnerables, ALCER considera que se deben adoptar medidas permanentes e integrales que permitan a las personas con enfermedad renal más vulnerables y a sus familias llevar una vida digna.
Por todo ello, ALCER recuerda que está a disposición del Gobierno para que el diseño, aplicación y seguimiento de las políticas públicas tengan en cuenta a las personas a las que van dirigidas, a través de sus entidades representativas.