El Ministerio de Igualdad de España ha abierto un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, que alega que se están realizando cursos de conversión sexual en varias diócesis del país. La ministra Ana Redondo se reunió con el presidente de la asociación para discutir los detalles de la denuncia. La reciente ley 4/2023 prohíbe estas prácticas y establece sanciones económicas que van desde 200 hasta 150,000 euros, dependiendo de la gravedad de las infracciones. El director general para la Igualdad LGTBI+, Julio del Valle, subrayó la necesidad de debatir sobre los efectos perjudiciales de las terapias de conversión en la comunidad LGTBI+.
El Ministerio de Igualdad ha tomado la decisión de abrir un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión. Esta denuncia señala que en diversas diócesis españolas se están llevando a cabo cursos y talleres destinados a la conversión sexual de personas LGTBI+.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió recientemente con Saúl Castro, presidente de la asociación, quien le proporcionó detalles sobre la denuncia interpuesta ante el Ministerio. Este proceso se realiza a través de la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.
El Ministerio procederá a analizar el contenido de la denuncia para determinar las acciones que podrá impulsar dentro del marco de sus competencias. La ley 4/2023 establece por primera vez una prohibición clara sobre “la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento” que busquen modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género, incluso si existe consentimiento por parte del afectado o su representante legal.
Sanciones económicas severas
La normativa contempla sanciones económicas que oscilan entre los 200 y los 150.000 euros, además de la prohibición para recibir ayudas públicas, dependiendo de la gravedad del caso. Las infracciones leves incluyen el uso o emisión de expresiones vejatorias, que pueden ser sancionadas con apercibimientos o multas que van desde 200 hasta 2.000 euros.
En cuanto a las infracciones graves, estas abarcan situaciones en las que no se retiran expresiones vejatorias en sitios web o redes sociales tras haber sido solicitadas. Estas serán sancionadas con multas que van desde 2.001 hasta 10.000 euros. Por otro lado, las infracciones muy graves incluyen la promoción o práctica de terapias destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género, con multas que pueden alcanzar hasta los 150.000 euros.
Julio del Valle, director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, subrayó al finalizar la reunión la importancia de abrir un debate social sobre el significado y las implicaciones de las terapias de conversión. Del Valle enfatizó los daños psicológicos duraderos que este tipo de prácticas puede causar en las personas LGTBI+, afectando su vida afectivo-sexual.
| Tipo de Infracción | Rango de Sanción Económica |
|---|---|
| Infracciones leves | 200 - 2,000 euros |
| Infracciones graves | 2,001 - 10,000 euros |
| Infracciones muy graves | 10,001 - 150,000 euros |
El Ministerio de Igualdad ha decidido abrir un expediente para investigar la denuncia presentada por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, relacionada con cursos y talleres de conversión sexual para personas LGTBI+ en varias diócesis españolas.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió con el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro, quien le trasladó los detalles de la denuncia interpuesta ante el Ministerio.
La ley prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si cuentan con su consentimiento.
Las sanciones varían desde 200 hasta 150.000 euros, dependiendo de la gravedad de los hechos. Las infracciones leves pueden ser sancionadas con multas menores, mientras que las infracciones muy graves pueden acarrear multas significativas y prohibiciones para recibir ayudas públicas.
El director general ha destacado que estas terapias pueden causar daños psicológicos a lo largo de toda la vida y afectar negativamente a la vida afectivo-sexual de las personas LGTBI+.