Tal y como se ha dado a conocer este miércoles, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España a pagar una sanción de 12 millones de euros por el incumplimiento de la directiva comunitaria sobre depuración de aguas residuales urbanas. En concreto, serían 17 municipios o urbanizaciones de más de 15.000 habitantes que desde 2001 debían depurar bien sus aguas.
España ha sido condenada, además, a pagar otros 11 millones de euros cada seis meses mientras no se resuelvan los problemas en todos los casos. A día de hoy, según la Comisión Europea y el tribunal, en nueve de esos 17 casos los problemas no se han solventado.
Se trata de localidades fundamentalmente de Andalucía, aunque también hay un caso de Canarias y otro de Asturias. El tribunal europeo resalta que "el carácter especialmente prolongado de la infracción constituye una circunstancia agravante". Y añade: "con arreglo a la información facilitada por España, la plena ejecución de la sentencia no se producirá antes del año 2019, lo que equivale a un retraso de 18 años en relación con el plazo que fija" la directiva que España ha incumplido.
Cabe destacar que la sanción llega después de que la Comisión Europea demandara a España en abril de 2017, tras un sinfín de avisos, cartas de emplazamiento e incluso una condena, aunque sin multa, del mismo tribunal en 2011. Aquella sentencia hacía referencia al incumplimiento en 37 aglomeraciones.
LAS 17 LOCALIDADES AFECTADAS
Andalucía: Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate.
Asturias: Gijón Este.
Galicia: Santiago de Compostela, Aguiño-Carreira-Ribeira y Vigo.
Comunidad Valenciana: Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira.
Canarias: Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar.
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