El Sindicato de Enfermería, SATSE, iniciará una campaña informativa para advertir al conjunto de la ciudadanía sobre los riesgos que conllevaría para su salud y seguridad la realización de las pruebas de detección de la Covid-19 en las oficinas privadas de farmacia en caso de que el Ministerio de Sanidad las autorizase como así lo demanda el Gobierno de Madrid.
Considera absolutamente contradictorio e irracional que desde la administración pública se esté limitando al máximo la afluencia de los ciudadanos a los centros de salud, imponiendo para ello la atención telefónica en lugar de la presencial a los pacientes y, al mismo tiempo, se quiera, como es el caso de Madrid, promover con irresponsabilidad que se aglomeren los posibles contagiados con la Covid-19 y las personas con otras patologías o sanas, entre ellas, niños, niñas, bebés y personas mayores vulnerables en espacios pequeños, inseguros y sin ventilación natural, como son las oficinas privadas de farmacia.
Todo apunta a que no son solo intereses estrictamente de salud pública, sino también de carácter político en el caso del Gobierno de Madrid y mercantiles por parte de los farmacéuticos, los que les mueven a insistir de manera reiterada en que se puedan realizar este tipo de pruebas diagnósticas en establecimientos comerciales, como son las oficinas privadas de farmacias, cuando supondría la vulneración de, al menos, doce normas y leyes españolas y poner en riesgo la salud y seguridad de las personas y de los propios trabajadores de las farmacias.
Por ello, y en el supuesto de que se pudiera autorizar por parte del Ministerio de Sanidad la realización de estos test en las oficinas privadas de farmacia, la organización sindical tiene previsto acometer una ambiciosa campaña informativa entre la ciudadanía para que todo el mundo sea muy consciente de que está práctica irresponsable e ilegal podría poner en riesgo su salud y la de las personas de su entorno más cercano al favorecer que se conviertan en focos de contagio y propagación del virus.
Aconsejará que para la adquisición de medicamentos y productos de higiene, belleza o aseo, entre otros, solo se acuda a aquellas farmacias que pudieran no estar realizando test covid a personas posiblemente contagiadas.
“Estamos asistiendo a una premeditada y calculada campaña de desinformación para que el conjunto de la ciudadanía no vea ningún problema en el hecho de hacer ese tipo de pruebas diagnósticas en las oficinas privadas de farmacia y nuestra obligación, como profesionales sanitarios, es aportarles datos de juicio veraces y contrastados en beneficio del único objetivo que nos mueve que es garantizar su salud y seguridad”, apuntan desde SATSE.
Confía en que ningún otro Gobierno autonómico se sume finalmente al de Madrid y tenga la tentación de presentar al Ministerio de Sanidad algún plan que promueva la realización de estas pruebas diagnósticas al objeto de lograr su autorización, ya que, además de suponer una vulneración del actual marco jurídico sanitario, facilitaría que estos establecimientos comerciales se conviertan en posibles focos de contagio y transmisión del coronavirus, afectando también a las personas que van a este tipo de establecimientos comerciales a adquirir un fármaco o cualquier otro producto, como geles, champús, cremas o productos de belleza, y a los propios trabajadores de las farmacias.
Entre otras normas que se incumplirían, se encuentra la relativa a la prevención de riesgos laborales que establece que para hacer en condiciones de seguridad este tipo de test se necesita contar, por ejemplo, con la delimitación de circuitos seguros de tránsito de personas y con personal sanitario cualificado para la realización e interpretación de los mismos, así como realizar una gestión óptima de la eliminación de los residuos contaminantes generados.
Es necesario propiciar el registro y traslado de los resultados a la historia clínica de cada ciudadano en la sanidad pública, preservando de cualquier posible acceso a la misma, y con ello a sus problemas de salud, y asegurando su carácter absolutamente confidencial y no de fácil acceso a una empresa privada, como son los establecimientos comerciales de farmacia y sus trabajadores.
“Se está intentado vender a la opinión pública que este tipo de pruebas diagnósticas son sencillas de realizar y que cualquier persona pueda hacerlas pero la realidad es, según la normativa vigente, que están sujetas a prescripción y criterio o valoración clínica, debiendo ser realizadas por las enfermeras y enfermeros, y tras ello, valoradas e interpretadas clínicamente por profesionales sanitarios que, evidentemente, no son los farmacéuticos cuyo cometido se centra en la custodia, disposición y venta de fármacos y otros productos”, concluye.
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