En un nuevo estudio publicado este mes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que en los países en desarrollo ha sido administrada solo una mínima proporción de vacunas COVID-19, lo que ha provocado un aumento de las diferencias entre países ricos y pobres.
En septiembre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció el ambicioso objetivo mundial de vacunar al 70% de la población global para mediados de 2022.
En ese momento, poco más del 3% de las personas de los países de bajos ingresos se había vacunado con al menos una dosis, frente al 60,18% de los países de altos ingresos.
Seis meses después, el mundo no está cerca de alcanzar el objetivo fijado.
El número total de vacunas administradas ha aumentado enormemente, pero también lo ha hecho la desigualdad en su distribución: de los 10.700 millones de dosis suministradas en todo el mundo, solo el 1% ha llegado a los países de bajos ingresos.
Esto significa que 2800 millones de personas en el mundo siguen esperando recibir su primera vacuna.
La falta de equidad en la vacunación pone en peligro la seguridad de todos y es, en gran medida, responsable de las crecientes desigualdades tanto entre los distintos países como dentro de ellos.
La recuperación se complica
Dos años después del brote de la pandemia de COVID-19, los países más pobres se encuentran con más dificultades que nunca para recuperarse económicamente, los mercados laborales se resienten, la deuda pública sigue siendo persistentemente elevada y queda poco en las arcas para invertir en otras prioridades.
El estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) pone de manifiesto que la mayoría de los países más vulnerables en cuanto a la vacunación contra el COVID-19 se encuentran en África subsahariana, como Burundi, la República Democrática del Congo y Chad, donde menos del 1% de la población ha recibido el esquema completo de inmunización. Fuera de África, Haití y Yemen aún no han alcanzado el 2% de cobertura.
Este análisis muestra que, si los países de bajos ingresos hubieran alcanzado la misma tasa de vacunación que los de altos ingresos en septiembre del año pasado (alrededor del 54%), habrían aumentado su PIB en 16.270 millones de dólares en 2021.
Estas “ganancias perdidas” podrían haber servido para abordar otros problemas de desarrollo urgentes, contemplados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU, el plan de la organización para asegurar un futuro justo para todas las personas y el planeta.
En Sudán del Sur, por ejemplo, los costes asociados a la vacunación contra el COVID-19 podrían haber cubierto todos los programas de asistencia social y el gasto en educación del país, mientras que, en Burundi, podrían haber proporcionado asistencia sanitaria a unos 4,7 millones de personas.
Si bien los prolongados confinamientos impuestos en todo el mundo perjudicaron a todos los trabajadores, los de los países en desarrollo se vieron, una vez más, desproporcionadamente afectados. Los países más ricos amortiguaron el golpe incrementando las ayudas económicas para los trabajadores formales e informales, mientras que en los países de bajos ingresos estos apoyos disminuyeron entre 2020 y 2021.
Asimismo, las desigualdades de género aumentaron, con picos en la violencia de género y menos del 20% de la ayuda de los países dirigida a las mujeres.
Un portal para acabar con la inequidad de las vacunas
Según el estudio del PNUD, es vital que los países más pobres tengan acceso urgente a las vacunas y a su financiación —como las subvenciones y concesiones propuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)—, junto con ayudas específicas para la situación de cada nación.
Muchos, por ejemplo, se han beneficiado de las campañas de vacunación emprendidas por organizaciones internacionales, lo que puede servir de ejemplo sobre cómo llevar a cabo la vacunación contra el virus.
El panel de información mundial para la equidad de las vacunas, desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Universidad de Oxford, sirve para que los investigadores y los responsables políticos puedan realizar sus propios análisis, desarrollar programas que puedan beneficiar más eficazmente a sus ciudadanos, y a avanzar en la solución de la desigualdad mundial.
Si no se aborda de inmediato la desigualdad en la distribución de las vacunas, las consecuencias podrían ser muy graves. La Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamó hace unas semanas una mayor cooperación entre los países para detener rápidamente la propagación de pandemia. El retraso en la vacunación contra el virus solo podría suponer una escalada de tensiones sociales y violencia, y un decenio perdido para el desarrollo.