Así lo ha puesto de manifiesto la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el acto de inauguración del XXX Congreso de Derecho y Salud, que se celebra en Logroño, y el que también han participado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; el presidente del Parlamento autonómico, Jesús María García; la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz; la consejera de Sanidad, María Somalo; y el presidente de la Asociación de Juristas de la Salud, David Larios.
Darias ha recordado que el Gobierno de España trabaja en lo urgente, es decir, en hacer frente en la crisis sanitaria por la COVID-19, con la mayor campaña de vacunación en la historia del Sistema Nacional de Salud, que se ha convertido en el horizonte de esperanza, y que acaba de comenzar una nueva fase, con la inoculación de la segunda dosis de refuerzo.
Y ha añadido que el Gobierno también se ocupa de lo importante; es decir, del futuro; un futuro que exige respuestas desde el presente a los desafíos que se nos presentan a diario y articulando medidas para la mayoría social, para seguir construyendo un país que avanza frente al ruido y frente a los obstáculos.
En este sentido, ha señalado que, desde el ámbito sanitario, el Gobierno está ampliando y reforzando las capacidades del Sistema Nacional de Salud, de la mano de los Fondos Europeos, para fortalecerlo y hacerlo más robusto y más resiliente, como refleja el Plan de Inversión de Equipamientos de Alta Tecnología (INVEAT), con una inversión total de 795 millones de euros para renovar y/o ampliar 852 equipos en todo el país.
Iniciativas legislativas en materia sanitaria
Darias ha indicado que el lema del XXX Congreso de Salud y Derecho recuerda el vigésimo aniversario de la Ley 41/2002, impulsada por el ministro Ernest Lluch, reguladora de la autonomía del paciente; una norma clave del SNS, que ya en su exposición de motivos recordaba la importancia del derecho a la protección de la salud y la importancia de seguir completando las previsiones que la Ley General de Sanidad enunció como principios rectores generales.
Así, ha asegurado que 36 años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad, el Gobierno continúa con el ejemplo de Lluch, dotando de contenido al mandato constitucional, devolviendo derechos a la ciudadanía, protegiendo a los profesionales y blindando el sistema público de salud.
En este sentido ha señalado que la pasada semana el Congreso de los Diputados dio un paso muy importante en la tramitación del Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas, como la 14/86 o la 16/2003, que consolidan la equidad, la universalidad y la cohesión en el Sistema Nacional de Salud, y que posibilita el cumplimiento de 16 propuestas de resolución del Dictamen para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados. El objetivo es ampliar derechos como la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos, que se extiende a nuevos colectivos; incluye medidas para imposibilitar que puedan introducirse nuevos copagos sanitarios; y blinda la participación de los pacientes, de las personas con discapacidad y de los profesionales sanitarios, en los principales foros de discusión del SNS, a través del Foro Abierto de Salud.
Darias ha apuntado también que a Ley de autonomía del paciente afrontó cuestiones básicas con el fin de garantizar el derecho de los pacientes a la información sanitaria y al respeto de su voluntad en decisiones relativas a su salud. Y ha agregado que otro de los hitos del Gobierno de progreso es la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021 de regulación de la eutanasia.
La legalización y regulación de la eutanasia se asienta sobre principios esenciales intrínsecos a los derechos de las personas, recogidos en la Constitución española. Un año después de la entrada en vigor de la ley, se está desarrollando adecuadamente gracias al trabajo del Ministerio, las comunidades autónomas y la comunidad científica y ya contamos con el Manual de Buenas Prácticas y el Protocolo de actuación para la valoración de la situación de la incapacidad de hecho.
Según la última información disponible, hasta el primer semestre de 2022 se han realizado en España cerca de 180 eutanasias, de las que 22 personas han donado sus órganos, posibilitando, gracias a su generosidad, un total de 68 trasplantes.
De otro lado, la ministra ha puesto de manifiesto que el objetivo permanente es mejorar la calidad de vida de los pacientes y para ello resulta importante actualizar y modificar aquellas leyes que impactan directamente sobre sus derechos.
Por eso, y ante la elevada temporalidad existente en el ámbito sanitario, el Gobierno de España ha impulsado una reforma integral para la reducción de la temporalidad, a través de la modificación del Estatuto marco del personal sanitario, y para llevar a cabo la mayor estabilización en el SNS, en el que más de 67.000 profesionales sanitarios van a acceder a la fijeza en las plazas que se han ofertado.
Con estas modificaciones legislativas, el Gobierno de España reafirma el compromiso con los profesionales sanitarios, que siempre han dado lo mejor de ellos mismos, especialmente, en los momentos más complicados.
La COVID-19 ha evidenciado las fortalezas del SNS: el valor de un sistema público de salud, de los profesionales sanitarios, la cogobernanza y la resiliencia. Y también aquellas áreas de mejora, que se han convertido en retos para el Gobierno, como la la Salud Pública.
Por eso, se ha desarrollado un nuevo Sistema de Salud Pública, vertebrado a través de una Estrategia, de un nuevo Sistema de Vigilancia e impulsado la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, aprobada por Consejo de Ministros, en primera vuelta.
Finalmente se refirió a las iniciativas comunitarias que van a generar nuevos marcos reguladores para agentes clave del sector sanitario, como la Estrategia Farmacéutica Europea, que va a permitir adecuar la política farmacéutica de la Unión a las nuevas realidades; o la modificación de la Ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios, con el objetivo de seguir desarrollando un ecosistema estable y resiliente.
La ministra ha agradecido a la Asociación de Juristas de la Salud la organización de este Congreso, su liderazgo, el fomento de espacios de debate y transmisión de conocimiento durante más de tres décadas, y especialmente su impulso y dedicación constante al desarrollo de un binomio necesario en cualquier ecosistema sanitario, como es la salud y el derecho.
Asimismo, ha reconocido el compromiso constante del Gobierno de La Rioja, y su Presidenta, para mejorar la salud de los riojanos y riojanas y por el trabajo conjunto para seguir dando respuestas a los desafíos sanitarios.