derechos sociales

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, destacando su importancia como primer paso hacia un trabajo sistemático para erradicar las violencias machistas. Este nuevo pacto amplía las medidas existentes de 290 a 462, incorporando nuevos ejes como la violencia vicaria y digital, y aumentando la dotación económica a 1.500 millones de euros en los próximos cinco años. Redondo enfatizó la necesidad de consensos para transformar la sociedad hacia una mayor igualdad y justicia.

El Ministerio de Igualdad ha condenado un asesinato por violencia de género en Asturias, donde una mujer de 39 años fue presuntamente asesinada por su pareja el 31 de enero de 2025. Este caso marca la primera víctima mortal por violencia de género en España en 2025, elevando el total a 1.294 desde 2003. La ministra Ana Redondo y la delegada Carmen Martínez han expresado su rechazo ante este crimen y han instado a la sociedad a colaborar para prevenir más muertes. Se recuerda que existen recursos disponibles para víctimas, incluyendo el teléfono 016, operativo las 24 horas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, para expresar su rechazo a las terapias de conversión que se llevan a cabo en algunas diócesis del país. Durante el encuentro, Redondo destacó la intención del Ministerio de Igualdad de modificar el Código Penal para tipificar estas prácticas como delito. Además, abordaron la importancia de integrar a la Iglesia en la defensa de los valores constitucionales de igualdad y denunciaron actos discriminatorios hacia personas homosexuales. La ministra también subrayó la necesidad de garantizar el respeto hacia las mujeres en la Iglesia y combatir la violencia de género.

Más de la mitad de las personas sin hogar atendidas en proyectos de innovación social han logrado salir de la red de atención social, según un informe presentado por el Ministerio de Derechos Sociales. Estos proyectos, financiados por los fondos europeos Next Generation, incluyen "Derechos a la vivienda" y "H4Y FUTURO", y han beneficiado a 629 personas en total. El 52,7% de quienes llevaban más de siete años en situación de sinhogarismo lograron una salida autónoma, mientras que el 76,2% de los participantes con menos de seis meses en esta situación también alcanzaron la independencia. Además, el proyecto dirigido a jóvenes mostró que el 55,2% obtuvo resultados similares, con una tasa de éxito mayor entre mujeres. La secretaria de Estado Rosa Martínez destacó la importancia de enfoques innovadores y la voluntad política para erradicar el sinhogarismo en España para 2030.

El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de ley que reformará las leyes de Dependencia y Discapacidad, buscando revertir recortes anteriores y garantizar más derechos para las personas afectadas. Esta reforma eliminará el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo para las ayudas económicas, ampliando además el catálogo de servicios disponibles. Se reconocerá la teleasistencia como un derecho universal y se establecerán nuevos servicios como asistencia personal y cuidados en vivienda. También se abordarán aspectos relacionados con la accesibilidad, prohibiendo la discriminación en seguros por discapacidad. Este cambio legislativo tiene como objetivo fortalecer la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de casi 2 millones de personas en situación de dependencia en España.

Un estudio reciente revela que las personas LGTBI+ con discapacidad enfrentan una mayor discriminación por su identidad y orientación sexual que por su discapacidad. Este análisis pionero, presentado por el Ministerio de Igualdad en Madrid, destaca las dificultades laborales, educativas y familiares que enfrenta este colectivo. Con un 76% de los encuestados sintiendo discriminación en educación y un 42% en el ámbito laboral, se subraya la necesidad urgente de políticas públicas inclusivas. Las autoridades han enfatizado la importancia de garantizar derechos y promover un entorno más equitativo para todos.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, anunció que 65.000 familias en situación de vulnerabilidad ya han recibido las tarjetas monedero, un programa que permite adquirir alimentos y productos de primera necesidad en supermercados. Se espera que el total alcance a 70.000 familias. Este sistema, que sustituye al antiguo Programa FEAD, busca combatir la pobreza infantil y facilitar el acceso a alimentos frescos sin necesidad de acudir a comedores sociales. Las tarjetas se cargarán trimestralmente y su uso se extenderá hasta marzo de 2025. La colaboración con Cruz Roja ha sido clave para implementar este programa en los gobiernos autonómicos.