Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha presentado una nueva comisión internacional de expertos que se encargará de establecer las bases normativas para la democracia en las empresas. Esta iniciativa busca desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución Española, promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión empresarial. La creación de esta comisión responde a la necesidad de fortalecer la democracia económica en un contexto global donde los sistemas democráticos enfrentan desafíos. La presidenta de la comisión será Isabelle Ferreras, junto a destacados académicos y expertos en el ámbito laboral. La participación activa de los trabajadores se considera esencial para mejorar la productividad y estabilidad en las empresas, contribuyendo así a una economía más justa y equitativa.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha dado a conocer la creación de una nueva Comisión Internacional de Personas Expertas, cuyo objetivo es establecer las bases normativas para la democracia en las empresas. Este anuncio se realizó durante la primera reunión formal de la comisión, donde se discutieron los retos y objetivos que guiarán su trabajo.
El mandato de esta comisión se centra en desarrollar el artículo 129.2 de la Constitución Española, que establece que “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa”. Según Díaz, “la democracia económica es una tarea moral y políticamente urgente en un contexto global de erosión de nuestros sistemas democráticos”. La ministra enfatizó que “sin democracia en el trabajo, la Democracia está incompleta”, subrayando así la importancia de este nuevo enfoque.
La comisión tiene como misión facilitar las claves necesarias para implementar una estrategia efectiva hacia la democratización empresarial. Esto implica no solo mejorar la calidad democrática, sino también abordar cuestiones críticas como la desigualdad y los desafíos contemporáneos. Yolanda Díaz destacó que el trabajo de esta comisión debe contribuir a diseñar un camino claro hacia una economía más democrática, recopilando conocimientos y herramientas útiles tanto para el Gobierno español como para otros gobiernos europeos interesados.
“Iniciamos un proceso que no solo busca saldar una deuda con nuestra Constitución”, afirmó Díaz, “sino que también se inscribe en una corriente global que sitúa la participación de las personas trabajadoras en el centro de las transformaciones del siglo XXI”. La creación de esta comisión responde a un creciente reconocimiento internacional sobre la necesidad de avanzar hacia modelos laborales más inclusivos.
Díaz argumentó que la democracia económica no es solo un debate sobre derechos laborales; es también una cuestión relacionada con el modelo empresarial. La participación activa de los trabajadores puede mejorar significativamente aspectos como la productividad y la innovación. Además, contribuye a reducir conflictos laborales y a estabilizar el entorno económico.
Antes de establecer esta comisión, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ya había tomado medidas previas durante su presidencia del Consejo Europeo, adoptando conclusiones sobre la democracia en el trabajo. Asimismo, el Parlamento Europeo ha reconocido esta necesidad imperiosa. Ejemplos exitosos como los modelos de codeterminación en Alemania o Austria demuestran cómo estas prácticas pueden hacer a las empresas más competitivas y sostenibles.
Además, se espera que otras instituciones académicas aporten sus conocimientos al trabajo conjunto de esta comisión.
El objetivo de la comisión es desarrollar la aplicación del artículo 129.2 de la Constitución Española, que promueve la participación en las empresas y fomenta las sociedades cooperativas.
La comisión está integrada por profesionales de prestigio, incluyendo académicos y expertos en economía y derecho laboral de diversas universidades e instituciones internacionales.
Yolanda Díaz ha señalado que la democracia económica es una tarea moral y políticamente urgente en un contexto global de erosión de los sistemas democráticos.
Se espera que la participación de los trabajadores mejore la productividad, la innovación y contribuya a obtener mejores resultados económicos, además de disminuir la conflictividad laboral.
Antes de formar esta Comisión, el Ministerio promovió Conclusiones sobre la Democracia en el Trabajo durante la presidencia del Consejo Europeo, reconociendo así la necesidad de avanzar en esta dirección.