El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como contra varios altos cargos de su departamento: la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública; la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
En la querella se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores, recogido en el artículo 316 del Código Penal, conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”. La pena tipificada por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
El Consejo informa de que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte. El origen de esta actuación judicial radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería por unanimidad, “ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con Covid 19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos”.
La querella, de más de 50 folios, efectúa un amplio relato de los hechos acompañado de abundante documentación donde se explica cómo, “conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente”.
Esta querella se suma a las diferentes actuaciones penales que han interpuesto varios consejos autonómicos y colegios provinciales de enfermería de toda España contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias.