La inversión pública en atención a la dependencia en 2022 ascendió a 10.234 millones de euros, según se desprende de un informe publicado este miércoles por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Se ha observado por parte de este colectivo una marcada desigualdad territorial en cuanto a financiación, con nueve comunidades en las que se ha reducido el gasto en dependencia en 2022 en comparación con 2021. Entre estas se encuentran Cataluña, con una disminución de 57,3 millones; Cantabria, con una disminución de 8,7 millones; Asturias, con una disminución de 10,8 millones; Comunidad Valenciana, con una disminución de 40,6 millones; Andalucía, con una disminución de 51,6 millones; Extremadura, con una disminución de 11 millones; Comunidad de Madrid, con una disminución de 15 millones; Castilla y León, con una disminución de 7,4 millones; y la Región de Murcia, con una disminución de un millón.
Los recortes en Cataluña y en la Región de Murcia fueron considerados "especialmente sangrantes" por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, quienes señalaron que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. Por otro lado, se destacan los incrementos presupuestarios del 17% en Baleares y del 8,8% en Navarra.
Las comunidades autónomas financiaron el 74% (7.573 millones) de los 10.234 millones de euros de inversión pública en dependencia, lo cual representa un 1,27% menos que en 2021. Por otro lado, el Estado contribuyó con el 26% (2.661 millones), lo cual es un aumento del 33,6% en comparación con el año anterior.
La "acusada desigualdad territorial" en materia de dependencia en España fue destacada por la citada asociación, algo que se puede desprender del informe con comunidades que más invierten, lideradas por el País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (701 millones). Por otro lado, las comunidades con menor inversión son Canarias (801 euros) y Galicia (615).
El gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.135 euros, de los cuales el Estado aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las comunidades autónomas aportaron 6.020 euros. País Vasco fue la comunidad autónoma que destinó la mayor cantidad, con 13.390 euros anuales, mientras que Andalucía fue la que destinó la menor cantidad, con 6.547 euros anuales.
Durante el periodo 2015-2020, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal presentaba una tendencia alcista, según expuso este colectivo. Sin embargo, en 2021 se rompe esta tendencia debido al incremento en la financiación proporcionada por la Administración General del Estado a través del plan de choque. Algunas comunidades autónomas aprovechan esta situación para retirar parte de su financiación.
Existen grandes disparidades en la distribución de la financiación entre el Estado y las comunidades autónomas, y es que se observa que País Vasco (86%), Baleares (83,09%) y Navarra (81,56%) destinan una mayor proporción de sus recursos a sus sistemas, mientras que Galicia (64,8%), Andalucía (66,87%) o Castilla y León (67,25%) se encuentran por debajo de la media nacional del 74%.
El gasto por persona beneficiaria ha experimentado el mayor incremento en Baleares (+11,33%), debido al aumento del gasto estatal (+22,1%) y autonómico (+17%). Navarra y Cantabria le siguen en este aspecto.
Por último, hay que reseñar que desde 2015, ha habido un crecimiento anual en el número de personas atendidas en situación de dependencia. Entre 2021 y 2022, se ha observado un aumento del gasto total certificado (+7,1%), que es mayor que el incremento en el número de personas beneficiarias (+7,9%).