El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha recibido el respaldo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) tras imponer sanciones a cinco aerolíneas low cost por prácticas abusivas. Durante una reunión en Madrid, Bustinduy destacó que "ninguna empresa, por poderosa que sea, puede saltarse la ley", refiriéndose a las multas que suman casi 179 millones de euros. Las sanciones se deben a cobros indebidos como suplementos por equipaje de mano y reservas de asientos contiguos para personas dependientes. El CCU instó a las autoridades a mantener firmeza en la defensa de los derechos de los consumidores y rechazó las descalificaciones del CEO de Ryanair hacia Bustinduy.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha recibido este miércoles el respaldo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) en relación a las sanciones impuestas a cinco aerolíneas de bajo coste por prácticas abusivas. Durante un encuentro en la sede del ministerio, Ana Caballero, presidenta del CCU, presentó una declaración institucional que apoya estas medidas, las cuales fueron firmadas por Bustinduy en noviembre pasado.
Las aerolíneas sancionadas—Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea—han sido objeto de críticas por cobrar suplementos por equipaje de mano y por la imposición de tarifas para reservar asientos contiguos para acompañantes de personas dependientes. En total, las sanciones ascienden a cerca de 179 millones de euros, como respuesta a los “reiterados incumplimientos” en materia de protección al consumidor.
El CCU ha instado a las autoridades nacionales y europeas a “mantenerse firmes en la defensa de esta postura”, enfatizando su responsabilidad en la aplicación de normas que protejan a los consumidores. Además, confían en que la Comisión Europea acepte los argumentos presentados por el Ministerio de Consumo a través del procedimiento EU pilot para aclarar cualquier duda existente.
La declaración también aborda las recientes descalificaciones emitidas por el CEO de Ryanair hacia Bustinduy. El CCU ha rechazado “cualquier manifestación de desprestigio personal” y ha criticado amenazas sobre posibles aumentos de precios en los billetes si no se retiran las multas. Bustinduy respondió con firmeza: “Ojalá el presidente de Ryanair dedicase a cumplir la ley la mitad del tiempo que dedica a insultarme”.
Bustinduy agradeció el apoyo recibido y destacó que sin el trabajo continuo de las asociaciones de consumidores, estas sanciones no habrían sido posibles. Reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de los consumidores frente a prácticas abusivas: “Ninguna empresa, por grande y poderosa que sea, puede saltarse la ley”, afirmó.
Ana Caballero subrayó que estas sanciones son “un paso firme y necesario para garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras”. Asimismo, criticó las descalificaciones del CEO de Ryanair como una forma inaceptable de presión contra instituciones democráticas y los derechos del consumidor. La presidenta del CCU espera que esta acción sirva como modelo para otros países.
El CCU desempeña un papel clave en la representación institucional ante la Administración General del Estado y está compuesto por asociaciones representativas como ADICAE, ASUFIN, AUC, CECU, FACUA, FUCI, HISPACOOP, OCU y UNAE.
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha impuesto sanciones a cinco aerolíneas low cost (Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea) por prácticas abusivas hacia los consumidores, que incluyen cargos por equipaje de mano y la reserva de asientos contiguos para personas dependientes.
Las sanciones suman un importe total cercano a los 179 millones de euros debido a reiterados incumplimientos de normas en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo.
Bustinduy recibió el apoyo del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), que expresó su respaldo unánime a las sanciones mediante una declaración institucional.
El CEO de Ryanair ha realizado descalificaciones hacia el ministro Bustinduy y ha amenazado con posibles subidas de precios en caso de no retirarse la multa. Sin embargo, el CCU y Bustinduy han rechazado estas amenazas.
Bustinduy afirmó que "ninguna empresa, por grande y poderosa que sea, puede saltarse la ley" y que ni las presiones ni los insultos afectarán la acción del Gobierno en defensa de los derechos de los consumidores.
El CCU espera que la acción del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en España sirva como referencia para que otros países implementen medidas similares en defensa de los derechos del consumidor.