La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso, destacando su importancia como primer paso hacia un trabajo sistemático para erradicar las violencias machistas. Este nuevo pacto amplía las medidas existentes de 290 a 462, incorporando nuevos ejes como la violencia vicaria y digital, y aumentando la dotación económica a 1.500 millones de euros en los próximos cinco años. Redondo enfatizó la necesidad de consensos para transformar la sociedad hacia una mayor igualdad y justicia.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha celebrado la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. Este acuerdo, que busca fortalecer las medidas para combatir esta problemática, fue respaldado por diversos grupos parlamentarios.
Redondo subrayó que, aunque existen dificultades, este pacto representa un paso fundamental hacia un trabajo transversal y sistemático. “Debemos implementar medidas legislativas e institucionales con nuevos recursos para cumplir con el mandato que emana hoy del Congreso”, afirmó. La ministra enfatizó la importancia de construir una sociedad libre de violencias machistas, un compromiso que considera esencial tanto para las generaciones actuales como para las futuras.
En su discurso previo a la votación, Ana Redondo agradeció a los diputados y diputadas su esfuerzo y colaboración para alcanzar este importante acuerdo. “Han demostrado inteligencia, empatía y responsabilidad al dejar de lado diferencias y situarse en una perspectiva histórica ante la encrucijada que enfrentamos”, destacó.
La ministra hizo hincapié en que los grandes consensos son cruciales para transformar una sociedad patriarcal en una democracia más igualitaria y justa. “Estos acuerdos son transformadores y están orientados a lograr una sociedad más digna y coherente con nuestros valores políticos y sociales”, añadió.
El renovado Pacto de Estado amplía significativamente las medidas existentes desde 2017, aumentando de 290 a 462. Entre las novedades se incluyen ejes como la violencia vicaria, económica y digital. Además, se profundiza en formas ya contempladas como la violencia sexual y la trata con fines de explotación sexual, prestando especial atención a mujeres rurales y aquellas con discapacidad.
Este pacto también cuenta con un sólido compromiso financiero: se incrementará en un 50% la dotación económica hasta alcanzar los 1.500 millones de euros durante los próximos cinco años. De esta cifra, se destinarán 160 millones anuales a las comunidades autónomas (un aumento del 60% respecto a 2017), mientras que otros 100 millones irán a la Administración General del Estado (20 millones más que hace seis años) y 40 millones a los ayuntamientos (un incremento del 50%). Asimismo, se establecerán nuevas medidas para mejorar la trazabilidad y control de estos fondos.
Por último, el Pacto incluye reformas legislativas adicionales así como mecanismos destinados a optimizar la coordinación en el proceso de atención a víctimas de violencia.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Número de medidas en el pacto (2017) | 290 |
| Número de medidas en el pacto (renovado) | 462 |
| Dotación económica total para los próximos 5 años | 1.500 millones de euros |
| Aumento de dotación económica para CCAA (en comparación con 2017) | 60% |
| Aumento de dotación económica para la Administración General del Estado (en comparación con 2017) | 20 millones de euros |
| Aumento de dotación económica para ayuntamientos (en comparación con 2017) | 50% |
La ministra ha aplaudido la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Pleno del Congreso de los Diputados.
El Pacto amplía las medidas incluidas en 2017 y añade nuevos ejes como la violencia vicaria, la violencia económica y la digital.
El Pacto cuenta con un compromiso económico firme, con un 50% más de dotación económica, alcanzando los 1.500 millones de euros para los próximos cinco años.
Se introducen reformas legislativas y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos destinados a la atención a las víctimas de violencia.