El Gobierno ha enviado un requerimiento oficial a la Junta de Castilla y León para que no tome ninguna decisión que viole la legislación vigente en relación a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Además, advirtió que "utilizará todos los recursos legales a su alcance para defender el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo libremente".
Los Ministerios de Sanidad, Política Territorial, Hacienda y Función Pública y Presidencia mantienen una estrecha coordinación para evaluar y coordinar las medidas necesarias si la Junta de Castilla y León lleva a cabo los planes antiaborto propuestos por el vicepresidente de la región, Juan García-Gallardo, de Vox. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, manifestó durante el fin de semana en un acto del PP que los médicos deben mostrar el latido fetal a las embarazadas y realizarles una ecografía para fomentar la natalidad.
El Ministerio de Sanidad ha solicitado a la Junta que no adopte ninguna medida que viole la legislación vigente sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo. Si ya se ha hecho, pide el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación que obligue, indique, ofrezca o sugiera a las mujeres embarazadas a interrumpir el embarazo o realizar pruebas no necesarias desde el punto de vista médico.
Se requiere que los diagnósticos no sean contrarios a la ciencia actual y a las recomendaciones de salud nacionales e internacionales respaldadas por organizaciones científicas.
El requerimiento exige que se informe al Ministerio de Sanidad inmediatamente sobre los protocolos, herramientas, mensajes o instrucciones escritas o habladas con las que se pretendan realizar las acciones anunciadas.
Si la Junta de Castilla y León no cumple con el requerimiento inmediatamente, el Gobierno no descarta tomar acciones legales, ya que las medidas anunciadas por la Junta podrían violar la ley, según menciona el documento.
El Gobierno examinará si es preciso tomar otras medidas legales, ya que las acciones anunciadas por la Junta de Castilla y León podrían violar el desempeño efectivo de derechos fundamentales y excederse de los poderes que le corresponden a esta Comunidad Autónoma.