El Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de ley que reformará las leyes de Dependencia y Discapacidad, buscando revertir recortes anteriores y garantizar más derechos para las personas afectadas. Esta reforma eliminará el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo para las ayudas económicas, ampliando además el catálogo de servicios disponibles. Se reconocerá la teleasistencia como un derecho universal y se establecerán nuevos servicios como asistencia personal y cuidados en vivienda. También se abordarán aspectos relacionados con la accesibilidad, prohibiendo la discriminación en seguros por discapacidad. Este cambio legislativo tiene como objetivo fortalecer la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de casi 2 millones de personas en situación de dependencia en España.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley impulsado por Pablo Bustinduy, que busca reformar simultáneamente dos normativas clave: la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Esta iniciativa legislativa tiene como objetivo revertir recortes previos y garantizar un mayor número de derechos para las personas en situación de dependencia y discapacidad.
Entre las principales medidas que contempla la reforma se encuentra la eliminación del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, así como la supresión del plazo suspensivo de dos años para las ayudas económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar. Además, se prevé regular la asistencia personal, ampliar el acceso a la ayuda a domicilio y reconocer la teleasistencia como un derecho subjetivo.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Bustinduy subrayó que esta reforma representa un “nuevo enfoque” que busca asegurar “vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital”, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal. Con estas modificaciones, se espera no solo aumentar los derechos de las personas con dependencia y discapacidad, sino también ampliar el catálogo de servicios disponibles.
El ministro destacó que el anteproyecto pone fin a “dos recortes importantes” implementados por el gobierno anterior. En primer lugar, se eliminará el régimen que limitaba las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, introducido en 2012. En segundo lugar, se abolirá el plazo suspensivo para acceder a ayudas económicas para cuidados familiares, lo que ha limitado el acceso a muchas personas.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, cerca de 1.837.818 personas requieren atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Durante su mandato, el Partido Popular recortó este sistema en más de 5.400 millones de euros entre 2012 y 2018. Desde entonces, el actual Gobierno ha incrementado significativamente las partidas destinadas al SAAD, alcanzando más de 783 millones de euros en 2023.
Bustinduy enfatizó que se está reconstruyendo el sistema de dependencia con miras a fortalecerlo como pilar del estado del bienestar, especialmente ante el desafío demográfico que enfrentará España en los próximos años debido al aumento previsto en la población mayor.
La reforma también propone una reestructuración significativa en los servicios ofrecidos bajo un enfoque centrado en las personas. Se ampliarán los servicios disponibles para incluir cuidados personalizados y apoyos específicos según las necesidades individuales. Por ejemplo, se extenderá el servicio de ayuda a domicilio para abarcar necesidades más allá del cuidado personal básico.
Además, se reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas dependientes que residan en sus hogares. A partir de su aprobación definitiva, los gobiernos autonómicos estarán obligados a proporcionar este servicio sin restricciones presupuestarias.
En cuanto a discapacidad, el anteproyecto busca desarrollar el nuevo Artículo 49 de la Constitución Española, aprobado recientemente con consenso político. La reforma garantizará derechos fundamentales como la accesibilidad universal y establecerá un Fondo Estatal destinado a financiar intervenciones necesarias para mejorar dicha accesibilidad.
Asimismo, se modificarán aspectos legales para facilitar ayudas económicas destinadas a obras de accesibilidad en edificios residenciales y se prohibirá cualquier tipo de discriminación por parte de compañías aseguradoras hacia personas con discapacidad.
Por último, esta legislación abordará temas tecnológicos relevantes y buscará eliminar sesgos discriminatorios en procesos automáticos mientras promueve usos positivos dentro del ámbito científico y tecnológico dirigidos específicamente hacia este grupo social.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1,837,818 | Número de personas que requieren atención por parte del SAAD |
| 5,406 millones de euros | Recortes realizados por el Partido Popular en el sistema de dependencia |
| 150% | Incremento del porcentaje en las partidas destinadas a financiar el SAAD desde 2020 |
| 783 millones de euros | Cifra récord repartida entre los gobiernos autonómicos en 2023 |
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad, que busca revertir recortes anteriores y garantizar más derechos y servicios para las personas con dependencia o discapacidad.
La reforma suprimirá el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, eliminará el plazo suspensivo en prestaciones económicas para cuidados familiares, regulará la asistencia personal, expandirá la ayuda a domicilio y reconocerá la teleasistencia como un derecho subjetivo.
La reforma garantiza derechos fundamentales como la accesibilidad universal y prohíbe la discriminación por discapacidad en los seguros. También se establece una pasarela directa para que quienes tengan grado de dependencia reciban automáticamente un reconocimiento del 33% de discapacidad.
Se ampliarán y reorganizarán los servicios centrados en la persona, incluyendo nuevos servicios como cuidados y apoyos en vivienda, provisión de productos de apoyo y asistencia personal personalizada.
Se reconoce el derecho a decidir sobre las prestaciones y servicios recibidos, así como el derecho a recibir atención sanitaria sin importar el lugar de residencia. También se incluirán apoyos para cuidadores no profesionales.
El objetivo es garantizar vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal, además de asegurar que los recortes anteriores no se repitan.