El Gobierno de España ha aprobado un nuevo real decreto que garantiza que todos los niños y niñas en centros escolares reciban cinco comidas saludables a la semana. Esta normativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, promueve el consumo diario de frutas y verduras frescas, incrementa la oferta de pescado y legumbres, y prohíbe las bebidas azucaradas y la bollería industrial. Además, se destinarán 200 millones de euros a las Comunidades Autónomas para combatir la pobreza infantil y mejorar la atención a las familias. Este decreto busca asegurar una alimentación nutritiva y equitativa para todos los estudiantes, contribuyendo así a la reducción de la obesidad infantil en el país.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto que busca asegurar que todos los centros escolares en España proporcionen cinco comidas saludables a la semana. La iniciativa, presentada por el ministro Pablo Bustinduy, tiene como objetivo garantizar el consumo diario de frutas y verduras frescas, así como aumentar la oferta de pescado y legumbres, al tiempo que se eliminan las bebidas azucaradas.
Este decreto, elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en colaboración con otros cuatro ministerios, también prohíbe la bollería industrial y las bebidas energéticas, limita los alimentos precocinados y fritos, y promueve el uso de productos sostenibles y de temporada. La medida busca asegurar una alimentación nutritiva para todos los niños, sin importar el nivel económico de sus familias.
Bustinduy destacó que esta normativa es fundamental para reducir desigualdades en el acceso a una alimentación de calidad. “El comedor escolar es una herramienta clave para garantizar que todos los niños tengan hábitos nutricionales saludables”, afirmó durante la rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa.
Un dato alarmante mencionado por el ministro es que casi la mitad de los niños de 6 a 9 años en familias con ingresos inferiores a 18.000 euros al año sufren exceso de peso. Este real decreto pretende corregir esta situación asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a comida saludable en igualdad de condiciones.
El decreto establece que todos los comedores escolares deben ofrecer diariamente frutas y verduras frescas, con un mínimo del 45% provenientes de producción local y de temporada. Esta medida no solo beneficiará a los estudiantes, sino también a los agricultores españoles en un contexto económico complicado debido a tensiones comerciales internacionales.
Bustinduy mencionó ejemplos exitosos como el proyecto Ecocomedores en Canarias y Horta Cuina en la Comunidad Valenciana, donde ya se están implementando estas prácticas. Además, se estipula que al menos dos platos al mes deben ser elaborados con productos ecológicos.
La nueva normativa también fomenta un mayor consumo de pescados, legumbres y cereales integrales. Se establecerán raciones semanales basadas en recomendaciones científicas: entre una y tres raciones de pescado a la semana, lo cual representa un cambio significativo considerando que hay comedores escolares donde no se sirve pescado.
En cuanto a las legumbres, su inclusión será incentivada debido a sus beneficios nutricionales. Actualmente, cerca del 14% de los centros escolares no cumple con la recomendación de servir legumbres al menos una vez por semana.
Una parte crucial del decreto es la prohibición total de bebidas azucaradas en las comidas escolares y su venta en máquinas expendedoras. También se eliminarán las bebidas energéticas y productos con alto contenido azucarado. Los alimentos vendidos deberán cumplir estrictos criterios nutricionales establecidos por organismos como la OMS.
Bustinduy subrayó que solo se permitirá servir platos precocinados una vez al mes. Las frituras elaboradas diariamente tendrán un límite semanal, utilizando preferentemente aceites saludables como el aceite de oliva o girasol alto oleico.
Aparte del real decreto sobre comedores escolares, el Consejo aprobó destinar 200 millones de euros para fortalecer políticas dirigidas a proteger a las familias y combatir la pobreza infantil. De este monto, se asignarán 65 millones para proyectos sociales destinados a mejorar las condiciones básicas como alimentación e higiene para hogares vulnerables.
This comprehensive approach aims to ensure that all children in Spain have access to healthy and nutritious meals while also supporting local agriculture and addressing social inequalities.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 200 millones de euros | Partida aprobada para financiar programas de protección a la familia y atención a la pobreza infantil. |
| 65 millones de euros | Parte de la partida destinada a proyectos de intervención social y prestaciones para familias en riesgo de pobreza. |
| 46,7% | Porcentaje de alumnos de 6 a 9 años con exceso de peso que pertenecen a familias con ingresos inferiores a 18.000 euros al año. |
| 1.200 comedores escolares | Número estimado de comedores en España donde nunca se sirve pescado. |
El real decreto garantiza que todos los centros escolares aseguren el consumo diario de frutas y verduras frescas, ofrezcan más pescado y legumbres, y eliminen las bebidas azucaradas. También prohíbe la bollería industrial y limita los precocinados y frituras.
El objetivo principal es garantizar el derecho a una alimentación nutritiva y variada para todos los niños y niñas, independientemente del nivel de renta de sus familias, promoviendo hábitos nutricionales saludables.
Se asegurará un consumo diario de fruta y verdura fresca, se promoverá el uso de productos locales y de temporada, se incrementará el consumo de pescado, legumbres y cereales integrales, y se limitarán las frituras y platos precocinados.
El decreto busca reducir la desigualdad en el acceso a alimentos saludables en los comedores escolares. Además, se han aprobado 200 millones de euros para financiar programas de protección a la familia y atención a la pobreza infantil.
No se permitirá servir bebidas azucaradas ni energéticas en las comidas ni venderlas en máquinas expendedoras o cafeterías dentro de los centros escolares.
La normativa fomentará modelos de comedores más saludables y sostenibles, beneficiando a agricultores y ganaderos españoles al priorizar el uso de productos locales.